Pedro Sánchez obtuvo el jueves el apoyo del parlamento español para otro mandato como primer ministro, con el país dividido por su decisión de conceder amnistía a los separatistas catalanes a cambio de su apoyo clave en un voto de confianza.
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Sánchez, en el cargo desde 2018, obtuvo el apoyo de 179 legisladores, tres más que una mayoría absoluta de 176 en el parlamento de 350 escaños, después de dos días de debate.
Su Partido Socialista quedó segundo en las inconclusas elecciones generales de julio.
Para ganarse el apoyo de dos partidos separatistas catalanes, acordó conceder amnistía a cientos de personas que enfrentaban acciones legales por su papel en el movimiento separatista de Cataluña durante la última década.
Uno de los beneficiarios fue Carles Puigdemont, quien dirigió el gobierno regional de Cataluña en 2017 después de un fallido intento de secesión.
Puigdemont organizó un referéndum prohibido por el gobierno central, seguido de una breve declaración de independencia que desencadenó la peor crisis política de España en décadas.
Puigdemont huyó a Bélgica para evitar ser procesado. Una amnistía le permitiría regresar a España, mientras muchos españoles lo consideran enemigo del Estado.
Sánchez, que ha hecho una carrera de apuestas políticas, defendió la amnistía durante un debate parlamentario, argumentando que era constitucional y necesaria para «curar las heridas» abiertas por el impulso independentista de la rica región del noreste.
«Garantizaremos la unidad de España a través del diálogo y el perdón», añadió el hombre de 51 años.
'Corrupción política'
Los críticos argumentan que la amnistía es una medida interesada para permitir que Sánchez permanezca en el poder y lo acusan de pisotear el estado de derecho.
«Es corrupción política emprender acciones contra el interés público a cambio de intereses privados», afirmó durante el debate Alberto Núñez Feijoo, líder del conservador Partido Popular (PP).
El PP obtuvo más escaños en las elecciones de julio, pero careció de mayoría, lo que dejó a Feijoo incapaz de conseguir el apoyo de otros partidos para ganar su voto de investidura en septiembre.
Santiago Abascal, líder del partido de extrema derecha Vox, calificó el acuerdo de amnistía como un «golpe de estado».
Varias encuestas de opinión muestran que más de la mitad de los españoles se oponen a la amnistía, lo que provocó una ola de protestas a nivel nacional.
Cientos de miles de personas participaron este domingo en diferentes protestas, respondiendo al llamamiento del PP a salir a la calle.
Miles de personas se reunieron todas las noches durante más de una semana en mítines organizados por la extrema derecha frente a la sede del Partido Socialista en Madrid. Algunas protestas se volvieron violentas.
El miércoles por la noche, 15 manifestantes fueron detenidos tras un enfrentamiento con la policía.
No hay un 'cheque en blanco'
En una señal de tensiones, el Ministerio del Interior dijo que más de 1.600 policías fueron desplegados para el debate parlamentario del miércoles y jueves.
Sánchez, uno de los líderes socialistas con más años de servicio en Europa, también describió el miércoles algunos planes económicos para su nuevo mandato.
Estas incluyen hacer que el transporte público sea gratuito para los jóvenes y los desempleados y mantener los aumentos de las pensiones en línea con la inflación.
Pero los diversos partidos de izquierda y regionales que lo apoyarán el jueves tienen ideologías marcadamente diferentes, por lo que tendrá dificultades para aprobar la ley.
Mertxe Aizpurua, portavoz del partido independentista vasco Bild, advirtió el jueves que el voto sí de su partido a Sánchez no sería un «cheque en blanco».
Feijoo, líder del PP, dijo que Sánchez tuvo que negociar el apoyo para cada proyecto de ley que quería aprobar y que en realidad no podía estar «bajo el control» del gobierno.
(AFP)
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