La Asociación de Empresarios de la CEOE constató que “lamentablemente se está produciendo una gran destrucción del tejido empresarial”. Este deterioro “se traduce en la pérdida de 17.300 autónomos, desde principios de año, y el cierre de 16.764 empresas sólo en el mes de enero”, según el diario Expansión. Así, entre los distintos tipos de comercios y comercios, en lo que va de año se han destruido 34.000 establecimientos.
La Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre del año pasado reportó la desaparición de un gran número de trabajadores por cuenta propia. En concreto, en 2022 se dieron de baja 111.200 autónomos, un descenso del 3,48% respecto a 2021. Actualmente, según la EPA, hay 3.080.000 autónomos.
Este análisis coincide con el inicio de las negociaciones salariales con los sindicatos para los tres años 2022, 2023 y 2024, y con el peor momento del enfrentamiento del mundo empresarial con el gobierno. Los analistas del CEO expresan el hastío de la organización con la multitud de regulaciones gubernamentales que, de una forma u otra, amarran las relaciones laborales de las empresas y elevan sus salarios y costos sociales: “Solo en el campo de las relaciones laborales, en los últimos seis meses ha habido 14 normativas en esta materia o que afecten a las relaciones laborales de la dirección, sin que ello sea objeto de su regulación. Se está creando un «marco legal prolífico, confuso y fragmentado».
Entre ellos, por supuesto, está la reforma de las pensiones aprobada por el Consejo de Ministros en 16. Pero también el Estatuto del Becario, que el Gobierno está negociando actualmente con la patronal y los sindicatos; derecho del trabajo; Anteproyecto de Código de Familia y Salario Mínimo de los Profesionales para el año 2023.
Además, la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Transgénero o la Ley de Protección a las Personas Denunciantes de Infracciones Normativas y de Lucha contra la Corrupción. Así, existen hasta catorce normas que, de una forma u otra, regulan las relaciones laborales en las empresas y también aumentan sus costos.
Por eso, los empresarios también piden al gobierno que proporcione a las empresas una «estructura de costos sostenible en un contexto global inflacionario, con costos de producción en constante aumento y con alta competencia».
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