Los gobernantes de España se reunieron en Madrid el jueves para defender su profesión a raíz de un escándalo sobre el pago multianual de millones de dólares del Barcelona a un exárbitro que entonces era vicepresidente.
Barcelona niega haber actuado mal y dice que el dinero estaba destinado a informes sobre árbitros y jugadores jóvenes, pero el fiscal de España está investigando el proyecto luego de que los funcionarios fiscales del país estuvieran implicados.
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«Queremos dejar en claro que nadie está más en juego que nosotros para garantizar que se haga justicia», leyó el árbitro José Sánchez en un comunicado en nombre de todos los oficiales de partidos de fútbol.
El comunicado espera que «las supuestas actuaciones de quien en su tiempo formó parte de esta casa no manchen nuestra imagen y el honor de este gran cuerpo».
Varios cientos de árbitros y árbitros asistentes en activo y ex árbitros asistieron a la primera rueda de prensa de la Federación Española de Fútbol desde que la cadena de radio española Cadena Ser desató el escándalo el 15 de febrero.
El árbitro intentó desmarcarse de la relación entre el Barcelona y el exárbitro José María Enríquez Negrera, quien formó parte de la comisión arbitral de la Federación Española de Fútbol entre 1994 y 2018. Los informes de los medios locales dicen que los pagos del Barça a Enríquez ascendieron a 7 millones de euros (7,5 millones de dólares) entre 2001 y 2018, cuando se detuvieron.
Si bien Barcelona no ha confirmado los números exactos, ha reconocido el pago regular de Enríquez durante esos años. El club contrató a una firma independiente para que lleve a cabo su propia investigación y se espera que brinde una descripción más detallada de la relación con Enríquez una vez que esto concluya.
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No ha habido informes oficiales ni en los medios de los pagos que han sido vinculados al favoritismo del Barcelona por parte de los árbitros. Varios exgobernadores que estaban activos cuando Enríquez era su vicepresidente dijeron que no habían recibido ninguna presión de él ni de otros funcionarios. También dijeron que su función era informar a los árbitros qué competencia se decidía cada temporada, pero no qué partidos.
El secretario general de la RFEF, Andrew Campes, solo superado por el presidente Luis Rubiales, dijo en el evento que su organización había cumplido con las solicitudes de información de la oficina de impuestos y fiscales españoles y había notificado a la UEFA.
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