Por Valentín Bontemps
Nueve años después de un accidente de tren de alta velocidad que mató a 80 personas e hirió a más de 140, se abrió un juicio importante el miércoles para determinar la responsabilidad del peor desastre ferroviario en España en casi ocho décadas.
El 24 de julio de 2013, un tren procedente de Madrid descarriló en una curva pronunciada a las afueras de Santiago de Compostela, ciudad del noroeste de Galicia.
80 personas murieron y alrededor de 145 resultaron heridas en la peor tragedia ferroviaria de España desde 1944.
El tribunal escuchará el testimonio de 669 personas durante el juicio, que durará hasta febrero.
El juicio se llevará a cabo en el Centro Cultural de Santiago, que se ha convertido en una sala de audiencias para acomodar a la gran cantidad de abogados y partes civiles que participan en el juicio.
Dos personas han sido imputadas como responsables del accidente: el conductor, Francisco Carson, y el exdirector de seguridad del operador ferroviario estatal ADIF, Andrés Cortabitarte.
Ambos enfrentan cargos de «asesinato por negligencia profesional grave».
Los fiscales piden que cada uno cumpla cuatro años de prisión.
Las familias de las víctimas buscan casi 58 millones de euros (58 millones de dólares) en daños, según documentos judiciales.
Velocidad extrema
En el momento del accidente, el tren viajaba a 179 kilómetros por hora (111 mph), más del doble del límite de velocidad de la línea, según sus registros de datos de caja negra.
Los investigadores dijeron que la tragedia fue causada por el descuido del conductor de 52 años, quien terminó una llamada de teléfono móvil con el conductor de la junta minutos antes de que el tren se saliera de las vías.
Los tribunales inicialmente dijeron que la velocidad excesiva fue la «única causa del accidente», y Garzón fue acusado de homicidio imprudente y causar lesiones.
Pero el operador ferroviario estatal ADIF no encontró responsabilidad penal y luego lo revisó luego de las quejas de las familias de las víctimas, diciendo que tenía la culpa porque no había un sistema de frenado automático o señales de advertencia adecuadas antes de la curva.
Como resultado, la investigación se reabrió en 2016 y se imputó a Cortabitarte de ADIF.
La familia aplaudió la decisión, pero lamentó que no se hiciera rendir cuentas a ningún político, en especial a Ana Pastor, entonces ministra de Infraestructuras, y presionó a Bruselas para que interviniera con un informe crítico con Madrid.
“No solo se descarriló el tren, se hizo justicia en los últimos nueve años”, dijo la Asociación de Víctimas Alvia 04155 en un comunicado en Facebook.
Condenó la «lentitud» en llevar el caso a juicio y dijo que seguirá luchando «hasta que se establezca quiénes son los responsables».
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