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Redacción
Jueves, 19 de enero de 2017
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Recuperar el servicio público del agua potable y hacer una gestión transparente y participativa

Son algunas de las conclusiones de la charla debate organizada por el Centre de Desenvolupament Rural La Safor

[Img #35583]La gestión del agua potable debe ser transparente. Los ciudadanos tienen derecho a saber los costes del servicio y deben decidir dónde se invierte para mejorar la calidad del agua”. Estas son algunas de las conclusiones de la charla debate sobre la gestión pública y participativa del agua potable, donde participaron la diputada Graciela Ferrer y el concejal de Potries Damián Oliver.

 

Graciela Ferrer, vinculada a los movimiento ecologistas como Xúquer Viu, explicó que los últimos veinte años la gestión del agua potable se ha privatizado. Alrededor del 90% de la población de la Comunidad Valenciana recibe el agua a través de una empresa privada.

 

Graciela Ferrer pidió que “se establezcan unos estándares de calidad de la prestación de este servicio”. También pidió “más transparencia en la gestión privada o pública: la ciudadanía debe saber las inversiones y los costes del servicio”.

 

Además, Ferrer explicó que “la privatización del agua potable se ha hecho a través de contratos largos y con un canon concesional alto. Es decir, los ayuntamientos han recibido un canon alto al principio que ha repercutido en el recibo del agua que paga la ciudadanía. Y el dinero del canon no siempre se ha destinado a mejorar la red de agua”.

 

Por su parte, el concejal de Potries, Damià Oliver, explicó el caso de su municipio que tiene la gestión pública del agua potable: “Potries recuperó la concesión de la gestión, en manos de Egevasa, a los diez años, y ha resuelto las inversiones en la red a través de subvenciones”.

 

Según Damià Oliver, “el problema de la gestión del agua comenzó cuando Aguas de Valencia adquirió el 49% de Egevasa, la empresa pública de la Diputación, que permitió abastecer de agua de calidad media comarca”. Los ayuntamientos, afirma el concejal, “pierden el control sobre la tarifa y las inversiones cuando la gestión es privada”.

 

Oliver apuesta por “una empresa pública supramunicipal que dé este servicio, que es un derecho humano”.

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